El anteproyecto de Ley Crea y Crece (Ley de creación y crecimiento de empresas) fue aprobado a finales del año pasado con el objetivo de promover la digitalización y aumentar la transparencia en las empresas. De entre las diferentes modificaciones, la más destacable es la obligatoriedad de expedir y remitir facturas electrónicas en todas las relaciones comerciales con otras pymes.
Así, el Artículo 1 bis sobre “Factura electrónica entre empresas y autónomos” de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información presentará este cambio, que será efectivo en dos fases. La primera fase, 1 año después de su publicación en el BOE para las organizaciones con facturación anual superior a 8 millones de euros, y en una segunda, 3 años después para el resto de empresas.
La implantación de la factura electrónica supone una gran ventaja, ya que permite una mayor trazabilidad, la reducción en los costes de transacción y una mayor transparencia de la información.
No obstante, requerirá que las empresas dispongan de una solución (o adapten la actual) que integre la firma electrónica, como la solución Compleo, que independientemente del ERP o la aplicación de contabilidad que se utilice, se integra para recuperar automáticamente el flujo de facturación y se adapta a las necesidades de la organización:
- Reduce los de tiempos de transacción. No requiere de acciones manuales, evitando así retrasos y errores.
- Integra fácilmente la firma electrónica (incluso en un proceso comercial ya existente). La integración se realiza una única vez, sin necesidad de conocimientos específicos técnicos, sin interrupciones o retrasos en el flujo de trabajo.
- Garantiza la trazabilidad y el seguimiento. En cualquier momento y en tiempo real se obtiene información del documento, quedando protegido y evitando usos indebidos.
- Reduce costes. Las facturas electrónicas reducen (o eliminan) el uso de papel y el envío, por lo que permite un importante ahorro.
La Ley Crea y Crece introduce también otras medidas como la creación de una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de 1 euro (hasta el momento, se requería una capital de 3000 euros), y la simplificación de la legislación existente, que elimina regulaciones innecesarias y establece procedimientos ágiles para reducir la burocracia de las organizaciones.
